Lo pidió la Corte Suprema de los EEUU sobre un pleito con el grupo NML. Ese gesto denotaría un interés por parte del máximo tribunal para tratar el planteo iniciado por el Banco Nación tras dos resultados negativos.
La Corte Suprema de los Estados Unidos dio ayer un guiño favorable a la posición argentina y libró un pedido de opinión al gobierno de Barack Obama para que se manifieste sobre el caso que involucra al Banco Nación y al Bank of America, en la batalla que enfrenta la Argentina contra los fondos buitre.
El pedido denotaría interés del máximo tribunal en tratar el planteo del país, que elevó el caso del Banco Nación contra el fondo buitre de Paul Singer, NML, a la Corte Suprema, tras obtener resultados negativos en tribunales de primera y segunda instancia.
En agosto de 2012, en un intento de ejecutar las sentencias favorables obtenidas en Estados Unidos, el fondo NML, subsidiaria de Elliott, logró en segunda instancia la confirmación de una orden de "discovery" de activos que obligaba al Banco Nación y Bank of America a brindar información sobre movimientos de cuentas del Estado argentino en el exterior.
En consecuencia, la Argentina pidió un recurso ante la Corte Suprema para la revisión del caso (certiorari), donde el litigante es sólo el fondo Singer, a diferencia de otras causas contra el país por el default del 2001, donde participan también EM, del magnate Kenneth Dart, o Aurelius.
Finalmente, ayer, la Corte Suprema de los EEUU "libró una orden invitando al fiscal General de ese país" a presentar un escrito expresando la opinión del gobierno respecto del pedido de "certiorari" realizado por Argentina, en la que busca la revisión de la decisión del Segundo Distrito Sur, que data de agosto de 2012 sobre discovery mundial", dijeron a Télam fuentes del Ministerio de Economía, que conduce Hernán Lorenzino.
Agregaron que "la Corte Suprema generalmente hace este tipo de solicitud cuando el pedido de `certiorari` plantea cuestiones importantes respecto de la interpretación de una ley federal, en este caso, la FSIA" (siglas de la norma acerca de la inmunidad soberana para emisiones de deuda en EEUU).
"No existe plazo formal para que el fiscal general de EEUU presente su escrito", agregaron las fuentes. Según sucedió en anteriores casos, se espera que el escrito sea presentado entre fines de mayo y agosto, dijeron por su parte, fuentes legales vinculadas al tema.
Es de esperar que el fiscal general contacte a la defensa argentina y a los abogados del fondo buitre, antes de pronunciarse sobre la cuestión, como también ocurrió en el pasado.
En la decisión de agosto de 2012 sobre el discovery de cuentas del Estado argentino, el tribunal de Apelaciones aclaró en su oportunidad que la inmunidad soberana no están en riesgo porque sólo e pedían de un detalle de dichas cuentas, si bien reconoció que era el primer paso para que los fondos buitre intenten embargar las mismas.
En el pedido de información dirigido al Bank of America y al Banco Nación se incluyó una descripción amplia de "los bienes de la Argentina" que incluyó agencias gubernamentales, ministerios, subdivisiones y empleados, además de cuentas a nombre de la presidenta Cristina Fernández y el ex presidente Néstor Kirchner.
Al mismo tiempo, se apuntó a las transferencias internacionales y a las cuentas vinculadas a empresas con un 25% de participación del Estado argentino. Luego, el mismo fondo NML acotó el pedido a los bienes del país a los de Cristina y Néstor Kirchner.
El pasado 8 de febrero, el juez Thomas Griesa avanzó con la causa y dio vía libre a este pedido.
En esa oportunidad precisó el plazo fijado a los demandados para brindar las información requerida que vence a fines de abril, con la amenaza de ordenarles una multa de 25.000 dólares diarios si las entidades no cumplían con la misma.
En efecto, el próximo 24 de abril está prevista una audiencia donde acudirán los representantes legales del Nación, Bank of América y NML, donde Griesa definirá si entra a correr o no dicha multa, en función de la información que hayan brindado las entidades financieras.
Griesa, en fallos anteriores, había acusado al Banco Nación de obrar de "mala fe" para dilatar los tiempos judiciales, amparándose en leyes bancarias de los países donde tiene sucursales.
El argumento legal esgrimido por la defensa del Nación, presidido por Juan Carlos Fábrega, es que la entidad no puede brindar datos porque están amparados por el secreto bancario de los diferentes países donde opera.
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