Luego de una acalorada sesión le solicitaron que tome licencia a raíz de una causa judicial por administración irregular en el Samco local. Los ediles firmatenses se apoyaron en una recomendación del constitucionalista santafesino Iván Cullen.
La Capital |
Una fuerte polémica se desató en el seno del Concejo de Firmat cuando cuatro de los seis ediles solicitaron a su par, Raúl Quevedo, que tome licencia hasta que se resuelva su procesamiento por irregularidades administrativas denunciadas en 2007, cuando se desempeñaba como titular del Samco local.
El viernes último se realizó en el recinto del Concejo una acalorada sesión extraordinaria en la que no faltaron acusaciones cruzadas y amenazas entre los integrantes del Concejo. En ella se conformo la comisión ad hoc de tres miembros integrada por el concejal, Sergio Stampone (Corriente Renovadora) y los ediles del Frente Progresista Cívico y Social (FPCyS), Gabriel Grivarello y Emiliano Stenta.
Apoyados en el dictamen enviado por el abogado constitucionalista Iván Cullen se decidió formar esta comisión para evaluar la situación del concejal Quevedo, y se le dio "un plazo que no debe ser menor de diez días corridos, para que haga su defensa y ofrezca prueba si lo estima necesario".
Culminado ese período, los ediles deberán votar por el pedido de licencia y obviamente al contar con cuatro votos (Stampone, Grivarello, Stenta y Franco Stampone), queda más que claro que la suerte de Quevedo está echada.
El propio edil, entre ofuscado y molesto, dijo en la sesión que "todos tenemos un muerto en el armario".
El debate se extendió por más de una hora y la concejala peronista Marilin Sacnún manifestó que no estaba de acuerdo en la manera en que fue convocada la sesión extraordinaria por considerar que los bloques minoristas no fueron citados como corresponde.
Además, se rehusó a formar parte de la comisión ad hoc ya que sostuvo que "la soberanía popular es la que decide quiénes son los representantes del pueblo estando por encima de todos los estados y es el juez honorable quien debe dictaminar respecto de la responsabilidad de Quevedo en cuanto al delito que se le imputa. Ninguna comisión especial puede arrogarse el derecho de expulsar a quien fue elegido por el pueblo y será el voto popular quien decida".
Lo curioso es que quienes dieron cabida al pedido formulado por los concejales Stenta y Grivarello, fueron los peronistas de la Corriente renovadora, Franco Stampone y el titular del Concejo, Sergio Stampone. Esta situación agravó más aún la delicada interna que existe entre el justicialismo de esa ciudad del sur santafesino.
Luego del debate encendido y varias alocuciones finalizó la sesión concluyendo en efectuar el dictamen en la nueva comisión conformada por los tres concejales que decidirá sobre la situación de Quevedo en un plazo no mayor a los diez días.
Quevedo amenazó con prender el ventilador y sin dar nombres señaló que "nunca recibí facturas a narcotraficantes y tampoco evadí impuestos. Esto que me quieren hacer es una verdadera injusticia porque se trata de un hecho que sucedió afuera del ámbito del Concejo y además no existe condena sobre lo que se me acusa".
Sacnún se sorprendió por la situación y remarcó que "el llamado a extraordinarias se hizo vía mail y a pocas horas de realizarse la reunión, lo cual le quita seriedad o al menos se trata de algo realizado a las apuradas y con obvias connotaciones políticas. Más aún en un año profundamente electoral".
Consulta. El constitucionalista santafesino, Iván Cullen, fue consultado por el Concejo y se expidió al respecto tras sostener que "la repercusión mediática de conductas que pueden constituir delitos contra la administración pública exige que el órgano deliberativo municipal intervenga con alguna sanción que en el caso no debe superar la de suspensión sin goce de haberes hasta tanto quede aclarada la situación procesal del concejal".
El informe agrega que "hay antecedentes relacionados con la suspensión de un diputado como sanción. Ello ocurrió con el diputado Horacio Vicente Cambareri en 1988. Se lo suspendió por tres sesiones sin goce de dieta, y el cargo fue desorden de conducta, porque había apoyado públicamente un alzamiento militar ocurrido ese año".
Añadió que "otro precedente de 1997 afectó al diputado Varela Cid, quien había sido acusado por un particular de haberle solicitado dinero para garantizar el resultado de una votación. Se lo suspendió hasta que pudiere aclararse la situación, que en definitiva concluyó con la absolución del diputado".
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