SANTA FE: La CCC apelará el dictamen porque “no hubo usurpación”

Sebastián Saldaña señaló que la resolución de la Justicia tiene “puntos a favor y en contra”. Para él, “el gobierno permitió la ocupación firmando el primer acta acuerdo, por lo que no hay delito de usurpación”.

 La resolución dictada por la jueza Sandra Valenti será apelada por los miembros de la Corriente Clasista y Combativa. Sebastián Saldaña, el joven que lidera la organización, manifestó que “contrariamente a lo que opina la jueza, para nosotros no hubo delito de usurpación. Si volvemos el tiempo atrás y vemos cómo ocurrieron los hechos, es claro que el propio gobierno provincial, propietario de las 180 viviendas, permitió la ocupación firmando el primer acta acuerdo. Según ese documento, las familias podían permanecer en las casas hasta tanto se les asignara un terreno y se les dieran materiales para que comenzaran una construcción”. El abogado que patrocina a la agrupación, Domingo Rondina, explicó que la existencia de dicho acta acuerdo evidencia que hubo un permiso de ocupación por parte del Estado posteriormente a la toma de viviendas efectuada por la fuerza.

Para Saldaña, la jueza tendría que haber ordenado el cumplimiento del acta acuerdo firmado entre la CCC y el gobierno provincial. De todas maneras, destacó el punto donde autoriza el desalojo con la condición de que ninguna familia en situación de calle quede a la intemperie.

“Para nosotros, la resolución de la jueza tiene puntos a favor y en contra. A favor, el tema de la entrega de viviendas a cambio de desalojar las casas y el Pacto Internacional que se tuvo en cuenta para ordenar el desalojo porque sienta precedentes. En contra, que se dé por sentado que hubo delito de usurpación y que hayan procesado a cinco miembros de la organización, entre quienes me encuentro”, refirió Sebastián Saldaña.

Según un relevamiento de la CCC, el 96% de las familias que usurparon el plan de 180 viviendas son las que “no tienen dónde ir” y, por ende, deberán recibir una respuesta habitacional por parte del Estado.

“Antes de concretar el desalojo, los funcionarios provinciales deberán hacer un relevamiento y evaluar cuáles son las familias que están en total vulnerabilidad. Nosotros queremos dialogar, y hace 20 días que bregamos por eso. Pero evidentemente el camino que toman es el de criminalizar el reclamo, el de culpabilizar a las familias por el problema del déficit habitacional que ellos mismos generaron y no se hacen cargo”, consideró el principal referente.

In situ

Hoy se cumplen tres semanas de la toma de viviendas en Santa Rita II y mañana en Las Delicias. Entre ambos barrios, suman 264 casas las que están usurpadas.

Aunque muchas no tienen techo ni aberturas -los planes de vivienda estaban a medio terminar y fueron víctimas de actos de vandalismo en reiteradas oportunidades-, todas las viviendas están equipadas en su interior.

En Santa Rita II, los vecinos se procuraron el acceso a la energía eléctrica y al agua de manera irregular; mientras que en Las Delicias utilizan velas y buscan agua en los barrios cercanos, porque hasta ese sector no llegan los servicios. Allí, en varias viviendas ya se montaron negocios. Entre otros rubros, se encontró una verdulería y un quiosco.