Diputados del PJ piden que se
discutan las prioridades de los gastos de la Casa Gris. Los legisladores
peronistas Eduardo Toniolli y Gerardo Rico sentaron su posición frente
al debate por una reforma fiscal en la Provincia de Santa Fe.
Diputados provinciales del PJ sentaron posición frente a la
discusión que se avecina alrededor de la iniciativa de reforma
tributaria que vuelve a agitar el Frente Progresista, tras los intentos
fallidos del gobierno de Hermes Binner. En rigor, desde el oficialismo
anunciaron días atrás que estaban muy avanzadas las conversaciones con
senadores justicialistas para tratar el tema en la Cámara alta. El
presidente del bloque kirchnerista de la Cámara de Diputados provincial,
Darío Mascioli, sostuvo ayer que “la discusión sobre la reforma fiscal
no puede separarse del debate en torno a cómo se invierten los recursos
en la provincia”. Los diputados Gerardo Rico y Eduardo Toniolli, del
bloque Movimiento Evita, adelantaron su posición de cara al debate
parlamentario: cuestionaron las prioridades de gasto de la Casa Gris, y
consideraron que “Santa Fe no es un barril sin fondo”.
Según Toniolli, “los gastos de consumo crecieron en estos últimos cuatros años un 65 por ciento, la inversión en desarrollo social sólo un 22 por ciento en 2011, muy por debajo del gasto medio que subió un 44 por ciento, y la participación de la inversión en maquinaria y construcciones sobre el total del gasto descendió un 20 por ciento”. Y agregó: “Queda claro cuáles fueron las prioridades de la gestión Binner”.
Rico, en tanto, abundó en la caracterización del sistema fiscal provincial, al señalar que “en 2003 el financiamiento era de un 60 por ciento con recursos nacionales y un 40 por ciento con recursos provinciales, mientras que en la actualidad es de un 64% con recursos tributarios de origen nacional y sólo el 36% de origen provincial”.
El legislador marcó la necesidad de “implementar cambios en las normas tributarias que tiendan a una recuperación en la proporción de recursos provinciales sobre el total de recursos”, aunque cuestionó la intención del gobierno de Antonio Bonfatti de hacerlo “subiéndole la carga fiscal a los trabajadores a través de un aumento brutal del Inmobiliario Urbano”.
Rico, además, precisó la posición del bloque que preside en lo que respecta al Inmobiliario Rural, al plantear la necesidad de, por un lado, “la actualización del avalúo, que hoy es irrisorio, tomando como base el valor de referencia determinado por Catastro, que es el que se utiliza en las operaciones de compraventa”. También mencionó la adopción de “medidas siempre postergadas como la unificación de parcelas”, y, por otro lado, “desgravar, por ejemplo, a los pequeños horticultores de los cinturones verdes de los grandes aglomerados, con el objeto de promocionar la producción y garantizar la soberanía alimentaria”.
En igual sintonía, Toniolli indicó que “la progresividad se debe respetar en un eventual incremento del impuesto a los Ingresos Brutos de las grandes empresas, en particular a las cerealeras del cordón industrial”, y agregó que “las alícuotas deben ser diferenciales en función de la tasa de ganancia de cada sector, lograr que paguen los que más tienen y exceptuar a las cooperativas de trabajo, siempre y cuando no excedan los 2 millones de pesos de facturación anual”.
Por su parte, Mascioli sostuvo: “Los análisis y comentarios que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación en torno del presunto acompañamiento del peronismo a un aumento de impuestos merecen una aclaración: la discusión sobre la reforma fiscal no puede separarse del debate en torno a cómo se invierten los recursos en la provincia”.
El diputado kirchnerista oriundo de Venado Tuerto indicó que “es imperioso que el pueblo santafesino sepa que el gasto de consumo creció en los últimos cuatros años un 65%, e incluso algunas voces del oficialismo sugieren que la crisis financiera de la provincia se debe a la caída de la recaudación, algo que desmienten los propios datos oficiales”. Para Mascioli, “discutir una reforma fiscal implicará instrumentar cambios tributarios para recuperar la proporción de recursos provinciales sobre el total del financiamiento, pero subir la carga fiscal a los trabajadores, sin achicamiento, no es el camino”.
Según Toniolli, “los gastos de consumo crecieron en estos últimos cuatros años un 65 por ciento, la inversión en desarrollo social sólo un 22 por ciento en 2011, muy por debajo del gasto medio que subió un 44 por ciento, y la participación de la inversión en maquinaria y construcciones sobre el total del gasto descendió un 20 por ciento”. Y agregó: “Queda claro cuáles fueron las prioridades de la gestión Binner”.
Rico, en tanto, abundó en la caracterización del sistema fiscal provincial, al señalar que “en 2003 el financiamiento era de un 60 por ciento con recursos nacionales y un 40 por ciento con recursos provinciales, mientras que en la actualidad es de un 64% con recursos tributarios de origen nacional y sólo el 36% de origen provincial”.
El legislador marcó la necesidad de “implementar cambios en las normas tributarias que tiendan a una recuperación en la proporción de recursos provinciales sobre el total de recursos”, aunque cuestionó la intención del gobierno de Antonio Bonfatti de hacerlo “subiéndole la carga fiscal a los trabajadores a través de un aumento brutal del Inmobiliario Urbano”.
Rico, además, precisó la posición del bloque que preside en lo que respecta al Inmobiliario Rural, al plantear la necesidad de, por un lado, “la actualización del avalúo, que hoy es irrisorio, tomando como base el valor de referencia determinado por Catastro, que es el que se utiliza en las operaciones de compraventa”. También mencionó la adopción de “medidas siempre postergadas como la unificación de parcelas”, y, por otro lado, “desgravar, por ejemplo, a los pequeños horticultores de los cinturones verdes de los grandes aglomerados, con el objeto de promocionar la producción y garantizar la soberanía alimentaria”.
En igual sintonía, Toniolli indicó que “la progresividad se debe respetar en un eventual incremento del impuesto a los Ingresos Brutos de las grandes empresas, en particular a las cerealeras del cordón industrial”, y agregó que “las alícuotas deben ser diferenciales en función de la tasa de ganancia de cada sector, lograr que paguen los que más tienen y exceptuar a las cooperativas de trabajo, siempre y cuando no excedan los 2 millones de pesos de facturación anual”.
Por su parte, Mascioli sostuvo: “Los análisis y comentarios que se han hecho públicos a través de los medios de comunicación en torno del presunto acompañamiento del peronismo a un aumento de impuestos merecen una aclaración: la discusión sobre la reforma fiscal no puede separarse del debate en torno a cómo se invierten los recursos en la provincia”.
El diputado kirchnerista oriundo de Venado Tuerto indicó que “es imperioso que el pueblo santafesino sepa que el gasto de consumo creció en los últimos cuatros años un 65%, e incluso algunas voces del oficialismo sugieren que la crisis financiera de la provincia se debe a la caída de la recaudación, algo que desmienten los propios datos oficiales”. Para Mascioli, “discutir una reforma fiscal implicará instrumentar cambios tributarios para recuperar la proporción de recursos provinciales sobre el total del financiamiento, pero subir la carga fiscal a los trabajadores, sin achicamiento, no es el camino”.
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