POR FALTA DE PAGO: EE.UU. sancionaría a la Argentina

La Casa Rosada condiciona la ejecución de dos sentencias en contra, dispuestas por un tribunal arbitral del Banco Mundial. Washington analiza si elimina preferencias arancelarias a favor de productos argentinos.

 La exportación argentina a los Estados Unidos tendría que pagar aranceles si se concreta una sanción. Washington analiza si saca a nuestro país del Sistema General de Preferencias (SGP), porque la Casa Rosada no termina de concretar el pago de dos fallos del tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), a favor de dos empresas norteamericanas.

Según informó la agencia Reuters, una fuente del gobierno de Barack Obama informó que “los beneficios comerciales de la Argentina podrían ser suspendidos pronto” como consecuencia de los laudos impagos a favor de las empresas Azurix y Blueridge, que demandaron al país por los efectos de la pesificación.

El Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) es una herramienta de política comercial unilateral del gobierno de los Estados Unidos cuyo objetivo consiste en promover el crecimiento económico de los Países en Desarrollo (PED). A través de esa medida, los beneficiarios acceden a un programa para el incremento de las exportaciones de estos países a ese mercado, para lo cual se eliminan los aranceles de importación de más de 4.800 productos, bajo ciertas condiciones.

Que vengan a cobrar acá

La negativa del gobierno argentino a pagar los fallos se sustentan en el artículo 54 de la Convención del Ciadi, según el cual es necesario pasar por los tribunales argentinos para poder cobrarlos. En cambio, las empresas aducen que otro artículo estipula que el pago debe hacerse directamente tras una decisión judicial.

“Esperamos hacer la recomendación al presidente Obama próximamente”, señaló una fuente del Departamento de Comercio de EE.UU. respecto de separar a la Argentina del SGP.

El informe agrega que “el Departamento de Comercio aceptó dos peticiones en junio de 2010 para retirarle a la Argentina los beneficio del SGP debido a que el gobierno argentino no pagó dos fallos tramitados ante el Ciadi.

“La revisión de las dos peticiones están en fase avanzada y el tema se discute en altos niveles del gobierno de EE.UU. Esta administración toma muy enserio las dos peticiones y está en contacto con los niveles más altos del gobierno argentino para discutir el tema”.

Desde la pesificación, se iniciaron 48 arbitrajes en el Ciadi contra la Argentina por aproximadamente 50 mil millones de dólares. Luego de 10 años de litigio existen sólo 4 casos finales desfavorables a la Argentina, que suman un total de 400 millones.

Modelo

En los ‘90 el menemismo firmó TBI (Tratados Bilaterales), luego aprobados por el Congreso, que cedieron la jurisdicción en caso de controversias con inversores extranjeros, en especial los que llegaron en el marco de las privatizaciones. Después de la pesificación y el congelamiento de tarifas, la administración Kirchner buscó acordar con las empresas y lo logró en muchos casos; pero reconoció la validez del Ciadi, un tribunal arbitral que depende del Banco Mundial, organismo que había financiado en muchos casos a las multinacionales que terminaron demandando a la Argentina.

Un argumento contra los buitres

El embajador argentino en Estados Unidos, Jorge Argüello, ratificó que la Argentina respeta los fallos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), aunque rechaza pagar a quienes no son beneficiarios del fallo original.

“Resulta pertinente destacar que en los casos de Azurix y CMS, quienes reclaman no son los tenedores originarios de las decisiones”, mencionó Argüello. La Casa Rosada no quiere consolidar el antecedente de tener que pagar a lo que denomina “fondos buitres”, por más que esos fondos compraron los derechos del juicio.

El representante argentino en Washington advirtió que quienes reclaman son “fondos cuya identidad no está del todo clara, que adquirieron los laudos en el mercado secundario”. Apuntó que “los casos Ciadi contra la Argentina suponen una ínfima porción de empresas argentinas que operan en el país y que se vieron afectadas por la crisis económica, financiera y política 2001/2002”.