La diputada provincial Verónica
Benas presentó un proyecto de ley donde se establece un régimen de
registración de las islas fiscales de la provincia de Santa Fe. El
objetivo es contar con información fehaciente y sistematizada sobre la
situación jurídica actual de sus ocupantes y las actividades económicas
que allí se realizan. “Tenemos 73.000 hectáreas de islas fiscales y no
se sabe quien las tiene y para que se utilizan”, afirmó la legisladora
de PARES.
Esta iniciativa está direccionada a realizar un
relevamientointegral de las islas fiscales de la provincia de Santa Fe,
con el fin derecabar la mayor información posible, sobre una diversidad
de aspectos, que sesintetizan en las condiciones jurídicas o de hecho en
que se encuentren susocupantes y las situaciones de explotación
económica que se puedan registrar,sean éstas autorizadas o no.
De acuerdo a un informe enviado a la Cámara de Diputado por
elejecutivo provincial en el año 2006, la provincia cuenta con 73.029
hectáreasde islas fiscales, de las cuales 57.803 están afectadas a
pueblos originarios,en virtud de la ley 12.086. “Nos preocupa que no se
este cumpliendo con estecompromiso del estado santafesino, debido que
muchas islas están arrendadaspara ganadería y sus ocupantes invocan
derechos que no se pueden corroborar”,agregó Verónica Benas.
La legisladora de PARES explicó que lainformación que se busca
recolectar constituye un requisito indispensable parael diseño de
políticas públicas sobre estos territorios. “Es necesaria la
presenciadel Estado en sus funciones administrativas de policía y
control, para evitarsituaciones irregulares de ocupación y explotación,
que incluso pueden tener unimpacto no deseado en materia de cuidado
ambiental y preservación de la flora yla fauna de estos ecosistemas”.
En los fundamentos del proyecto, se explicaque “muchas de las islas
incluso fueron otorgadas en comodato, por Decretos delPoder Ejecutivo
con aprobación legislativa, a Municipios y Comunas costeros,pero la
información se encuentra fraccionada y no se sabe a ciencia cierta
siesos contratos siguen vigentes con las mismas partes o han caducado al
nocumplirse algunos de los fines propuestos en ellos y las tierras se
encuentran irregularmenteen manos privadas. Lo mismo pasa con los
cuidadores ad honorem que en algúnmomento recibieron predios y no hay
constancias actualizadas respecto de siestán cumpliendo o no con su
cometido”.
Finalmente, Benas aseguró que “una vez quese conozcan los
resultados del relevamiento y se cuente con datos actualizados,es
probable que surja la necesidad de una actualización más profunda de
lasnormas aplicable a esta cuestión”.
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