Juzgan a tres cordobeses por
robo y posterior crimen del agente Emiliano Celis en 2009. Ayer negaron
la imputación. Dura objeción por falta de una defensa inicial y vicios
de la instrucción.
Los tres ciudadanos
cordobeses acusados de participar del robo en el que terminó asesinado
un policía de 18 años en Rufino, en un hecho ocurrido hace dos años,
negaron la acusación fiscal y rehusaron seguir declarando en el inicio
del juicio oral y público por ese episodio.
En el arranque del trámite los
integrantes del tribunal rechazaron, además, el pedido de nulidad
planteado por las defensas de los acusados, que señalaban que el juicio
no podía iniciarse porque estaban pendientes de resolver planteos sobre
quién debe ser la autoridad encargada del enjuiciamiento de este hecho.
Se trata del juicio por el homicidio
del agente provincial Emiliano Célis, que murió de dos disparos en el
operativo de persecución a los asaltantes de una vivienda de esa ciudad,
ocurrido el 9 de marzo de 2009. Los tres acusados son Diego Guzmán,
Enrique Zapata y José Darío Guajardo. Al primero le atribuyen la autoría
material del homicidio.
Para la audiencia de hoy se espera que
declaren los testigos ofrecidos tanto por la fiscalía, ejercida por
Fernando Palmolelli, y las defensas. Los acusados no estarán presentes
en la sala debido a que presentaron, y fue aceptado, un pedido de
resguardo para no comparecer allí, dado que consideraban comprometida su
integridad.
Controvertido. El
trámite judicial por este caso es en extremo espinoso. Las defensas
objetan la constitucionalidad del juicio ya que, aducen, hubo flagrantes
violaciones de las garantías de los imputados. Alegan que el acusado
principal, Diego Guzmán, pasó los seis meses iniciales del trámite sin
abogado, que no hubo pericias que permitieran definir de qué arma
salieron las balas que mataron al agente, que extrañamente no se
practicó autopsia y que hubo denuncias no atendidas de apremios ilegales
contra los implicados.
Célis llevaba seis meses en la policía
cuando lo mataron y era hijo de un comisario inspector con mando en la
zona donde ocurrió el homicidio.
El defensor de Guzmán, Daniel
Papalardo, pidió ayer la anulación de la instrucción entera, por la
violación del principio de defensa de su pupilo. El abogado que
representa a los restantes acusados, Gregorio Gómez, impugnó además al
tribunal actuante. Gómez afirmó que, incluso, no estaba resuelto un
pedido de avocamiento que hizo a la Corte Suprema provincial —llamado
per saltum— a fin de que el máximo tribunal garantice la imparcialidad
del juicio. Lo que dicen es que los jueces de la circunscripción de
Venado Tuerto no lo son en este caso.
El tribunal está integrado por Jorge Gastonjáuregui, que lo preside, Adrián Godoy y Javier Prado.
La imparcialidad. La
apertura de los alegatos iniciales de la defensa estuvo a cargo de
Gómez, quien pidió al tribunal la recusación del juez Adrian Godoy,
argumentando que carecía de la necesaria imparcialidad, ya que cuando
era fiscal había atendido algunas causas en las que estaba implicado el
padre de Emiliano Celis, quien es policía en actividad, ampliando la
recusación a los integrantes del tribunal, quienes por trabajar en el
ámbito penal también tendrían contacto con el padre del joven asesinado.
Papalardo adhirió a los planteos de su
colega, trayendo a colación además que de fallar la Corte Suprema a
favor de la recusación contra la Camara Penal, un acuerdo del juicio
abreviado por el que ya se fijó penas a los acusados quedaría vigente y
no habría razón para la realización del juicio oral iniciado ayer.
Ocurre que los propios imputados
aceptaron en septiembre del año pasado una propuesta de la fiscalía
venadense para resolver el caso mediante un acuerdo de juicio abreviado.
Los tres admitieron las imputaciones y aceptaron las condenas de 23
años para Guzmán, nueve para Zapata y seis para Guajardo
Y el tribunal dice. Ante
las impugnaciones, el tribunal integrado en Rufino se declaró ayer
competente para conducir el juicio pero con dos significativas
salvedades. Por un lado sus miembros señalaron que si en el trámite
surgen pruebas de que se violaron los derechos de defensa de los
imputados eso se expresará en la sentencia. Por otro se anunció que en
caso de que la Corte Suprema admita alguna de las quejas de la defensa
el juicio será suspendido.
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